LA CONSIGNA OSCURA

“Libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar”- “Eduardo Galeano”

Mil y una veces he dicho que el Comité de Participación Ciudadana resulta incómodo para quienes desean ejercer el poder público de manera arbitraria y ponerlo al servicio de intereses particulares o de grupo; ahora también debe añadírsele la incomodidad que le resulta a algunos los señalamientos de errores producto de la incapacidad y la falta de oficio para tratar los asuntos del quehacer público.

Lo anterior viene a colación debido a que recientemente el ORFIS señaló que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana fuimos parte – indirecta – de un daño patrimonial al erario público de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, debido a que no justificamos nuestro trabajo como miembros de dicho Comité, al respecto caben  dos comentarios:

  1. El  trabajo del Comité de Participación Ciudadana está plenamente justificado y cuando seamos requeridos para justificar nuestro sueldo no brindaremos documentos fríos y hechizos, sino el testimonio de la sociedad civil, que fue la que permitió que el Sistema se echara a andar. Sociedad civil que hoy le permite a la Secretaría Ejecutiva tener “carnita” para trabajar.
  2. En los archivos de la Secretaría Ejecutiva existen 15 convenios que duermen “el sueño de los justos” por la negligencia a sacarles provecho por una sola razón: estos convenios fueron gestionados por el Comité de Participación Ciudadana (aspecto que es fácilmente verificable preguntándole a los suscriptores); allí, archivados, están el esfuerzo de los integrantes del ente ciudadano y la esperanza de miembros de la sociedad civil para ser incluidos y participar en el proyecto “social” del combate a la corrupción e impunidad.
  3. En segundo lugar, debe precisarse que, por Ley, le corresponde al Comité de Participación Ciudadana vincularse con la empresa, la academia y la sociedad organizada para que estos tres pilares respalden las propuestas de políticas públicas de las cuales somos portavoz sus integrantes.

Como dicen en mi pueblo esto va “junto con pegado”, por eso me gustaría dejar muy claro que en Veracruz llevamos la creación de la Política Estatal Anticorrupción muy emparejada con la Nacional, pero como muchos de ustedes saben, no es posible generar la política estatal hasta en tanto no se apruebe la nacional, esa que también está en la carpeta de asuntos pendientes.

No obstante todos esos obstáculos, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana hemos invertido nuestro tiempo y nuestro dinero (aspecto que no aparece en el informe del ORFIS) para que el Sistema camine; pero pareciera que a nivel local la consigna es ponerle la mayor cantidad de obstáculos posibles.

La lista de reclamos al informe mencionado es muy larga, pero por el momento bastan estos dos puntos para dejar claras muchas cosas. Ahora le tocará a la nueva Auditora General lidiar con posibles demandas civiles por daño moral ya que  la información hecha pública ha dañado nuestra reputación, nuestra moral y el proyecto social del Sistema Estatal Anticorrupción sin siquiera darnos el derecho de audiencia; en términos jurídicos: violan nuestros derechos humanos.

Queda la presente para que ella nos pueda dar esa audiencia que el anterior Auditor no nos brindó; espero que no la mal informen y nos brinde el espacio para explicarle el proyecto, las etapas transitadas y no se quede solo con la idea de los “malabares” que algunos realizan.

Mucho se señala que peleamos el tema del presupuesto y nuestros honorarios; no es para menos, cualquiera que lea la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción se dará cuenta que, el espíritu del Sistema es la oportunidad histórica que tenemos los ciudadanos de presidirlo y exigir que las autoridades hagan su trabajo, y que no podemos desempeñar ninguna otra actividad lucrativa, por eso no exigimos menos que respeto a nuestro trabajo. Si bien es cierto que pudiéramos hacer nuestro trabajo de forma honoraria, también lo es que la propia ley no nos da la oportunidad de dedicarnos a otras actividades y generar otros ingresos, que no se olvide que como todos, necesitamos de un sustento para poder vivir, tenemos cuentas por pagar y planes de vida también.

En tal contexto, quiero dejar constancia de que no permaneceremos callados ni omisos ante lo que parece ya ser una consigna para destruir el Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción,  ni ante el cúmulo de errores que se vienen cometiendo en el organismo que debiera servirle de sustento, pero que hoy parece no tener rumbo.

Pueden desquebrajar esta instancia pública, pueden dejarnos sin recursos para operar, hasta pueden quitarnos el nombramiento, pero nuestra voz está y estará siempre resonando en las personas que sí tienen conciencia, que sí quieren un cambio y tienen el compromiso de luchar contra la corrupción y la impunidad. Aunque les pese a aquellos que hoy buscan congraciarse con algunas autoridades para poder recibir beneficios en la administración estatal.

Que sirva este artículo de constancia de que no sólo nos están obstaculizando, sino que al parecer ahora se avecina una persecución en nuestra contra. El pecado: señalar la corrupción, la  impunidad, la falta de oficio y de experiencia.

Siempre he dado mi voto de confianza a quienes integran el Sistema, pero es la primera vez que – públicamente – solicito una respuesta, un posicionamiento o un discurso (al menos) de quienes están a la cabeza de las instancias encargadas de prevenir, detectar,  investigar, sancionar y erradicar  la corrupción e impunidad.

El 13 de junio de 2020 es mi tiempo para asumir la Presidencia del Sistema (si es que para esas fechas aún existe), a sus integrantes les pido respetuosamente hoy una explicación sobre lo que voy a encontrar.